La racionalidad económica a debate y la política social como razón de Estado

Para los años de mil novecientos noventa, y después de una década de ajustes económicos, la gestión pública de la economía y la sociedad siguió “amarrada” a una propuesta de Gobierno que institucionaliza la tiranía del capital privado. De ahí que la política económica se concentrara en el combate a la inflación, la apertura de la economía y en el saneamiento de las finanzas públicas, para garantizar la rentabilidad del capital y la valorización de los recursos invertidos en el sector financiero. Así, las restricciones presupuestales a que se sujeta el aparato administrativo público dejan escaso margen financiero para desplegar acciones orientadas a la consecución del bienestar, porque a la política social se le asigna un papel secundario frente al conjunto de los lineamientos macroeconómicos de la política económica.Ante ello, se hace indispensable reconstruir la estatalidad, devastada por la promesa del paraíso de Estado mínimo, y reorientar las prioridades de la política económica y la gestión gubernamental para otorgar un mayor peso a la política social y dar carácter estratégico al diseño y la ejecución de las políticas públicas. Para ello, es indispensable reconocer que el abatimiento de los rezagos sociales y de la inequidad de la distribución del ingreso solo es posible transformando al actual Estado Promotor o Subsidiario en un Estado desarrollista social.El trabajo que a continuación se presenta está dividido en tres partes. En la primera, se hace una reflexión respecto de la lógica de la política económica seguida por los últimos cuatro gobiernos y de sus principales resultados macroeconómicos y sociales. En el segundo apartado, se describen las restricciones a que están sujetas tanto la política social como las políticas públicas para construir efectivamente el pivote de un desarrollo social más equitativo. En el tercer apartado, de adelantan algunos de los aspectos que deberían considerarse para reconstruir la estabilidad, con el objeto de configurar una propuesta de gestión pública de la económica y la sociedad que tengan al bienestar colectivo como razón de Estado. En la parte final, se exponen algunas conclusiones.

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