La racionalidad funcional de la garantía de la doble instancia

¿Proceso con una sola instancia o proceso con dos instancias? Una posición favorable a la pluralidad de instancias señalaría que, constitucionalmente, ella es un principio y una garantía de la función jurisdiccional. También, es posible cuestionar la doble instancia achacándola ser la culpable de la mora judicial o advirtiendo los orígenes autoritarios de la doble instancia. Ambas respuestas, a nuestro parecer, resultan insatisfactorias. Tal insatisfacción fue la motivación para estudiar el presente tema. Ambas perspectivas presentan serias limitaciones. La validez jurídica (validez sustantiva) en la actual Teoría del Derecho, presenta determinadas exigencias materiales que van más allá del texto de la ley o de la misma letra de la Constitución inclusive. De allí que no resulta del todo satisfactorio invocar el texto constitucional para estar a favor de la doble instancia. Precisamente por ello, nuestro objetivo es ensayar nuevos argumentos que partan de la indagación respecto a cuáles son las bases de un proceso jurisdiccional desde la perspectiva del Estado Constitucional. La presente tesis indaga sobre la racionalidad funcional de la doble instancia dentro de una perspectiva procesal diseñada bajo las exigencias del Estado Constitucional de Derecho. Desde tal perspectiva se pretende buscar tanto más allá de la letra de la Constitución como más acá de los lejanos orígenes históricos de la doble instancia y preguntarnos sobre la funcionalidad de la doble instancia hoy. Sólo desde esta perspectiva es posible evidenciar la vinculación intrínseca de la doble instancia con la obligación de motivación de las resoluciones judiciales o con el control del poder como instrumento intrasistémico dentro del ejercicio de la función jurisdiccional o con la racionalidad funcional que se le debe exigir al proceso. Finalmente se indaga sobre el contenido constitucionalmente protegido de la doble instancia, sus restricciones para luego terminar con algunas anotaciones críticas sobre la actual regulación del recurso de apelación.
[Lima: 2010]

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