Suspensión y pérdida de los derechos políticos de los privados de libertad

La legislación vigente en Chile sobre el derecho a voto tiene un serio conflicto con la tendencia universalista del derecho a participar en los procesos democráticos especialmente como elector. La situación desmejorada en que se encuentran los privados de libertad sean estos cumpliendo la medida cautelar personal de prisión preventiva o que se encuentren condenados, es particularmente contraria a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile en materia de respeto de derechos Humanos. Además no existe mecanismo jurídico que permita garantizar dicho derecho ante los tribunales de justicia para poder garantizar le mismo. Históricamente se ha mantenido una especie de exclusión oral sobre el condenado o el que ha sido sometido a proceso criminal de los actos eleccionarios, sin embrago dicha exclusión responde a contextos históricos específicos y no permite justificarlos. Creemos que la condiciones de ciudadanos es de fundamental importancia, tanto en la legitimidad de la ejecución misma como en la legitimidad de las normas a las que debe sujetarse todo miembro de la comunidad, por lo que la pérdida o suspensión de los derechos políticos como consecuencia de la imposición de un apena penal no parece poder ser justificada. El problema requiere tomar posiciones sobre la forma de garantizar el derecho a voto y considerar mecanismos que permitan proteger el grupo vulnerable de ciudadanos firmado por aquellos privados de libertad con motivo de la dictación de una resolución judicial. El reconocimiento del derecho a voto de los privados de libertad en concordancia de un modelo que permita la manifestación de aquel grupo vulnerable, pone en primer lugar las necesidades de aquel grupo frente al juego de las elecciones, cobrando de esta forma una nueva importancia las políticas públicas que inciden en dicho grupo
[Santiago: 2019]

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